viernes, 6 de noviembre de 2009

LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE LA ACTIVIDAD MINERA

Desde la perspectiva del empresario minero se comprende la exasperación frente al bloqueo de sus inversiones, en ocasiones por medios violentos, porque para aquel no existe otra fuente de legitimidad que la propia legalidad de su actividad y de su título minero. Pero, a la luz de la experiencia peruana de los últimos años, resulta evidente que esto no es así: Pese a su evidente legalidad y a los cuantiosos recursos que aporta al Estado y la sociedad en materia de tributos y programas de responsabilidad social, la actividad minera sigue siendo fuente de algunos conflictos violentos, muchas veces provocados por terceros con oscuros intereses, pero en no pocas ocasiones originados en malas prácticas de algunos empresarios. MAURICE DUVERGER, al tratar el tema del poder político, señalaba que su legitimidad depende de dos elementos: a) Que el grupo social acepte la necesidad de un sistema de poder, es decir que es bueno para la sociedad que unas personas manden y otras obedezcan, y b) Que el grupo social reconozca que la forma como es ejercido, corresponde a su idea de cómo debe ser ejercido, según su sistema de creencias, en un momento dado. En este sentido, desde la perspectiva de la Ciencia Política o de la sociología, no existiría un poder legítimo en sí, sino un poder “considerado” legítimo, según se ejerza de acuerdo al sistema de valores imperante en la sociedad en un tiempo y lugar dados. Mutatis mutandi, puede aplicarse este criterio a la minería. Para que se legitime socialmente, no basta que sea legal. Es necesario, además, que sea percibida como una actividad benéfica en sí misma y que la forma como hacemos minería coincida con la forma como la sociedad percibe que debe ejercerse dicha actividad económica. Ello exige, cuidar el posicionamiento de las autoridades mineras como árbitros imparciales que ejercen su función tutelando el interés público, empresarios mineros actuando con excelencia ambiental y social con un cuidado escrupuloso de las aguas y las tierras de las comunidades y una alianza de todos los actores para remediar los pasivos ambientales y promover la formalización de la minería artesanal.

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